"Pueden salir las lucas": Nuevas revelaciones complican a Catalina Pérez en el Caso Democracia Viva
Los nuevos chats filtrados complican aún más la situación de la diputada, quien sigue siendo investigada en relación con los convenios de corrupción.
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción.
Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. "Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas", escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada.
En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00”, le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras.
Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado.
Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
Además, el presidente Boric y el subsecretario Cordero defendieron el actuar del Gobierno, mientras que la familia de la denunciante expresó su preocupación por la demora en la formalización.
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La pena, que también incluye las costas del proceso y accesorias legales, había sido dictada en primera instancia en 2022, y ahora fue confirmada por el tribunal superior.
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El proceso incluyó análisis genéticos comparativos que permitieron establecer de manera definitiva la identidad de la joven, confirmándose mediante el perfil de ADN aportado por la madre de la víctima.
“Las razones que se esgrimieron en la audiencia no se ajustan a lo que la ley establece como criterio para decretar la prisión preventiva”, agregó el abogado, Cristóbal Bonacic.
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