El sábado 6 de abril la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el exseremi del Mivu, Carlos Contreras, esta vez por la investigación de la arista TomArte del Caso Convenios . El Ministerio Público le imputa cuatro delitos de fraude al fisco, por hechos ocurridos durante el 2022 en el marco de los convenios suscritos entre la cartera que dirigía y la fundación. En fallo dividido (causa rol 759-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Dinko Franulic Cetinic y Jaime Rojas Mundaca – confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. “(…) debe compartirse con el Sr. juez a quo en orden a que están acreditados los delitos por los cuales fue formalizado y la participación del imputado como autor de estos, por las razones señaladas en la resolución en alzada y particularmente porque los antecedentes de investigación, en este estadio procesal, dan cuenta de la intervención del imputado como Seremi de Vivienda y Urbanismo en una etapa previa, que no le correspondía, para asegurar la adjudicación de los convenios a la misma fundación con la que, además, tenía una vinculación previa de carácter social y política, particularmente respecto de su dirigente principal”, sostiene el fallo. La resolución agrega respecto a la necesidad de cautela, que “(…) la circunstancia de tratarse de delitos reiterados, que afectaron gravemente el patrimonio fiscal, particularmente los destinados a sectores de extrema pobreza y precariedad, y el que tengan asignada pena de crimen resultan elementos suficientes para estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo estarse por tanto, en este punto, también con lo razonado en la resolución en alzada”. Según el ente persecutor, el imputado Carlos Contreras Gutiérrez, en calidad de seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, excediendo sus facultades, intervino para favorecer a la Fundación TomArte, representada legalmente por la coimputada Kelly Betancourt Acosta, con la asignación de fondos para ejecutar obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de la ciudad de Antofagasta. Convenios suscritos en septiembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $456.000.000.
Hace ya 10 días la concejala Paz Fuica (suspendida RD) entregó una primera entrevista a LaTercera y este domingo fue publicada una nueva en El Mercurio de Antofagasta. La edil se encuentra cumpliendo arresto domiciliario desde el 4 de marzo, cuando el Tribunal de Garantía decidió rebajar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre ella en el marco de la investigación por fraude al fisco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. Jamás pensé que iba a terminar vinculada a un caso de corrupción, menos después (...) de haber trabajado con la diputada (Catalina Pérez) donde levantamos varios proyectos en contra de la corrupción, sostiene para El Mercurio. Fuica continúa asegurando que es inocente y habla sobre el daño a su imagen. Yo era una trabajadora a honorarios, por lo tanto me dijeron bueno, si aquí hay responsabilidad, no son tuyas. Por lo tanto, tú quédate tranquila y en ese contexto, nunca me preocupé, ni pensé que podía llegar a estar en prisión preventiva, expresa sobre la sorpresa que le causó quedar privada de libertad. En cuanto a su experiencia en la cárcel, relata que tuvo que lidiar con bichos y baratas en su pieza, bañarse con agua helada, además de condiciones precarias de infraestructura que también vive el personal de Gendarmería. Refiriéndose al daño a su imagen, Fuica sostiene me va a costar demostrarle a la comunidad y a las instituciones, que yo no cometí ningún delito y recuperar la credibilidad. Eso sí es lo doloroso, porque eso va a tomar mucho más tiempo en reconstruirlo. Respecto a su participación en la firma de convenios, además de la relación con el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, y el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade. Sobre Contreras, la concejala señala para La Tercera, fue mi jefe cuando yo trabajé con la diputada Catalina Pérez, él era jefe de gabinete y también fue presidente regional de RD. Y después, cuando estuve trabajando para la fundación en la seremia, también mantuvimos una relación de trabajo. Por supuesto que más cercana que con otras personas porque éramos compañeros de partido. En cuanto a Andrade, Fuica sostiene lo conocía porque él fue de la directiva nacional. Y después pareja de la diputada Catalina Pérez, para quien yo trabajaba. Entonces sabía perfectamente quién era y que él tenía un trabajo territorial. Y que tenía el trabajo con esta fundación. Lo ubicaba porque también él había hecho unos talleres acá en Antofagasta, con quien yo también colaboré como militante. La concejala espera terminar su periodo y comprobar que no participó de ningún delito. Espero que con mi defensa podamos presentar todos los antecedentes que den cuenta de que yo no participé de ningún delito, poder limpiar mi nombre y quedarme tranquila con eso. Yo lo único que pretendo es que ojalá la Fiscalía no encuentre mérito para acusarme por este delito, ni por ningún otro y terminar mi periodo como concejala de la manera más comprometida y responsable dentro de lo posible.
El sábado 6 de abril la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el exseremi del Mivu, Carlos Contreras, esta vez por la investigación de la arista TomArte del Caso Convenios . El Ministerio Público le imputa cuatro delitos de fraude al fisco, por hechos ocurridos durante el 2022 en el marco de los convenios suscritos entre la cartera que dirigía y la fundación. En fallo dividido (causa rol 759-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Dinko Franulic Cetinic y Jaime Rojas Mundaca – confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. “(…) debe compartirse con el Sr. juez a quo en orden a que están acreditados los delitos por los cuales fue formalizado y la participación del imputado como autor de estos, por las razones señaladas en la resolución en alzada y particularmente porque los antecedentes de investigación, en este estadio procesal, dan cuenta de la intervención del imputado como Seremi de Vivienda y Urbanismo en una etapa previa, que no le correspondía, para asegurar la adjudicación de los convenios a la misma fundación con la que, además, tenía una vinculación previa de carácter social y política, particularmente respecto de su dirigente principal”, sostiene el fallo. La resolución agrega respecto a la necesidad de cautela, que “(…) la circunstancia de tratarse de delitos reiterados, que afectaron gravemente el patrimonio fiscal, particularmente los destinados a sectores de extrema pobreza y precariedad, y el que tengan asignada pena de crimen resultan elementos suficientes para estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo estarse por tanto, en este punto, también con lo razonado en la resolución en alzada”. Según el ente persecutor, el imputado Carlos Contreras Gutiérrez, en calidad de seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, excediendo sus facultades, intervino para favorecer a la Fundación TomArte, representada legalmente por la coimputada Kelly Betancourt Acosta, con la asignación de fondos para ejecutar obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de la ciudad de Antofagasta. Convenios suscritos en septiembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $456.000.000.
Hace ya 10 días la concejala Paz Fuica (suspendida RD) entregó una primera entrevista a LaTercera y este domingo fue publicada una nueva en El Mercurio de Antofagasta. La edil se encuentra cumpliendo arresto domiciliario desde el 4 de marzo, cuando el Tribunal de Garantía decidió rebajar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre ella en el marco de la investigación por fraude al fisco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. Jamás pensé que iba a terminar vinculada a un caso de corrupción, menos después (...) de haber trabajado con la diputada (Catalina Pérez) donde levantamos varios proyectos en contra de la corrupción, sostiene para El Mercurio. Fuica continúa asegurando que es inocente y habla sobre el daño a su imagen. Yo era una trabajadora a honorarios, por lo tanto me dijeron bueno, si aquí hay responsabilidad, no son tuyas. Por lo tanto, tú quédate tranquila y en ese contexto, nunca me preocupé, ni pensé que podía llegar a estar en prisión preventiva, expresa sobre la sorpresa que le causó quedar privada de libertad. En cuanto a su experiencia en la cárcel, relata que tuvo que lidiar con bichos y baratas en su pieza, bañarse con agua helada, además de condiciones precarias de infraestructura que también vive el personal de Gendarmería. Refiriéndose al daño a su imagen, Fuica sostiene me va a costar demostrarle a la comunidad y a las instituciones, que yo no cometí ningún delito y recuperar la credibilidad. Eso sí es lo doloroso, porque eso va a tomar mucho más tiempo en reconstruirlo. Respecto a su participación en la firma de convenios, además de la relación con el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, y el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade. Sobre Contreras, la concejala señala para La Tercera, fue mi jefe cuando yo trabajé con la diputada Catalina Pérez, él era jefe de gabinete y también fue presidente regional de RD. Y después, cuando estuve trabajando para la fundación en la seremia, también mantuvimos una relación de trabajo. Por supuesto que más cercana que con otras personas porque éramos compañeros de partido. En cuanto a Andrade, Fuica sostiene lo conocía porque él fue de la directiva nacional. Y después pareja de la diputada Catalina Pérez, para quien yo trabajaba. Entonces sabía perfectamente quién era y que él tenía un trabajo territorial. Y que tenía el trabajo con esta fundación. Lo ubicaba porque también él había hecho unos talleres acá en Antofagasta, con quien yo también colaboré como militante. La concejala espera terminar su periodo y comprobar que no participó de ningún delito. Espero que con mi defensa podamos presentar todos los antecedentes que den cuenta de que yo no participé de ningún delito, poder limpiar mi nombre y quedarme tranquila con eso. Yo lo único que pretendo es que ojalá la Fiscalía no encuentre mérito para acusarme por este delito, ni por ningún otro y terminar mi periodo como concejala de la manera más comprometida y responsable dentro de lo posible.
